Cómo funciona la maquinaria represiva que Putin construyó para controlar políticos, empresarios y ciudadanos
Cuando Vladimir Putin se convirtió en Presidente de la Federación Rusa en 2000, se comprometió a restaurar una “vertical de poder” que, según él, había sido socavada durante la década de 1990, cuando el Estado se encontraba en profundo declive. En su libro recientemente publicado, “La Verticale de la peur. Ordre et allégeance en Russie poutinienne”, el investigador Gilles Favarel-Garrigues, especialista en cuestiones de violencia, policía y justicia en el espacio postsoviético, descifra los mecanismos políticos, jurídicos y, a menudo, paralegales por los que el jefe del Estado ha conseguido implantar un sistema basado mucho más en el miedo de las élites y los ciudadanos de a pie a ser aplastados por la maquinaria represiva que en el respeto escrupuloso de la ley. Este miedo está omnipresente en la sociedad rusa y es un elemento explicativo a tener en cuenta a la hora de analizar las causas del estallido de la guerra en Ucrania y la naturaleza de la reacción de la sociedad rusa. Aquí un extracto de la introducción del libro, que presenta las principales tesis del mismo.
Por Infobae
“Tras haber formado la vertical del poder, Vladimir Putin se embarca en la construcción de la horizontal del poder. Así, habrá terminado de construir la jaula del poder en 2002?.
Este chiste, que circulaba al principio del reinado de Putin, suena distinto dos décadas después, cuando la guerra de Ucrania hace estragos y la represión de los opositores en Rusia está en pleno apogeo. ¿Por qué el presidente se ha mantenido tanto tiempo en el poder y ha logrado imponer una agenda política tan implacable? A pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia desde 2014 y destinadas a socavar la legitimidad de sus dirigentes, ni la rebelión de las élites ni los movimientos de protesta parecen tomar forma por el momento. ¿A qué debe la longevidad del equipo gobernante, los temores que suscita, los intereses económicos que asegura y el apoyo social del que goza?
Este libro explora la dinámica del poder en Rusia. Aborda los usos políticos y sociales de la coerción, analizando el control de los funcionarios políticos y administrativos, el uso de la intimidación en el mundo empresarial y las iniciativas ciudadanas en la lucha contra la delincuencia y las incivilidades.
¿Cómo utiliza la administración presidencial las normas contra los cargos electos y los altos funcionarios? ¿Cómo se moviliza la ley en los ajustes de cuentas locales? ¿Cómo utilizan la ley los vigilantes autoproclamados para mantener el orden en el espacio público? Estas prácticas forman parte de la “dictadura de la ley” prometida por el jefe del Estado en 2000, utilizando una expresión provocadora en un momento en que las élites políticas rusas y los expertos occidentales juraban la necesidad de democratizar el país y construir un “Estado de derecho”.
El objetivo inicial de esta “dictadura” era restaurar la autoridad del Estado, especialmente en las regiones que las élites locales gestionaban como feudos. Valorando tres habilidades profesionales -la recopilación de información, la fabricación de escándalos mediáticos y el ejercicio de la justicia-, dio lugar a que la intimidación a través de la ley se convirtiera en un negocio competitivo y lucrativo.
Contrariamente a la creencia popular, la sociedad rusa no consagra el reinado del “nihilismo jurídico”: la mayoría de los litigios ordinarios se resuelven en el marco de la ley. Pero la ley también puede movilizarse, de forma más transgresora, para defender las prebendas de los dirigentes, servir de arma contra los rivales o de pretexto para los abusos de los verdugos. Lejos de ser un baluarte contra la arbitrariedad, la ley es entonces uno de sus vehículos, al servicio del más fuerte.
La “dictadura de la ley” se aplica sobre todo a los cargos electos y a los funcionarios administrativos. Los presos políticos no son los únicos que soportan el peso de la represión: durante la década de 2010, pocos Estados han encerrado a un número tan importante de ministros, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios. Su lealtad al poder presidencial les da impunidad, pero es condicional: se les coloca en un estado de inseguridad al estar expuestos a procesos judiciales que se juegan de antemano y a magistrados sometidos a mandatos jerárquicos. En un “sistema” clientelista en el que uno debe su posición -y los recursos que la acompañan, legales o de otro tipo- a un protector superior, la instrumentalización de la ley y la justicia desempeña un papel disciplinario crucial. La acusación de corrupción es la más común, con detectives tan cómodos en las fuerzas del orden como en los despachos privados, chantajistas, difusores de escándalos, heraldos mediáticos y jueces que acatan órdenes.
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